Un hijo de un capitán contó al juez sobre los vuelos de la muerte

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Un testigo del juicio oral por la Contraofensiva de militantes montoneros llevados con vida a Campo de Mayo y luego desaparecidos declaró “Mi padre fue anestesista de los vuelos de la muerte”.

Se trata del hijo del médico y ex capitán del Ejército Julio Alejandro Verna. Verna, el hijo, contó ante los jueces lo que su padre admitió en privado, pero nunca ante la Justicia: que partició de los vuelos de la muerte inyectando tranquilizantes a   las víctimas para adormecerlas.

Verna, el padre, le contó a un familiar que inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río dentro de un Peugeot 504, consignó El Diario del Juicio de la Contraofensiva.   

“Simularon que esas cuatro personas iban a un día de camping, con una canasta con sanguchitos, cañas de pescar y cuando caen con ese auto al río o arroyo, el agua ingresa a los pulmones y pierden la vida de esa manera”, relató Pablo Verna.

Su padre tambien le dijo que sabía cómo se interrogaba en la tortura y que no estaba de acuerdo con las desapariciones sino que a los que llamaba subversivos había que fusilarlos en Plaza de Mayo.

El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín juzga desde principios de abril a nueve oficiales retirados del Ejército acusados de participar en los secuestros, torturas y homicidios de militantes que reingresaron al país en 1979 y 1980. Los acusados –Roberto Dambrossi, Luis Firpo, Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Carlos Casuccio, Raúl Muñoz, Marcelo Cinto Courtaux y Alberto Sotomayor– son todos del área de inteligencia, ya sea del Batallón 601, el Destacamento 201 o del Comando de Institutos Militares.

Miembro del colectivo Historias Desobedientes, de hijos de genocidas dispuestos a romper el mandato de silencio impuesto en sus hogares, Verna lleva años tratando de aportar lo que logró saber y cuestionando como abogado los artículos del Código Procesal Penal que impiden hacerlo a familiares de acusados. Ofrecido como testigo por la fiscal Gabriela Sosti y el querellante Pablo Llonto, ayer pudo declarar por decisión de los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, quienes lo autorizaron porque su padre no está entre los acusados.

El otro argumento, planteado en el proyecto de ley presentado en 2017 por los hijos de genocidas y que Abuelas de Plaza de Mayo invocó con éxito años atrás para que la hermana de crianza de Juan Cabandié declarara sobre su apropiador, es que ya no hay vínculo familiar (el bien que en teoría protege el Estado).

“Pude declarar sobre los hechos de los que tuve conocimiento puertas adentro de mi familia y me parece un hecho muy importante que el tribunal haya querido escuchar, porque junto con los compañeros de Historias Desobedientes, estamos del mismo lado ante el genocidio. Y esta barrera que estamos intentando por todos los medios romper, para poder hacer nuestro aporte en los juicios, de alguna manera lo estamos empezando a lograr”, explicó al Diario del Juicio.

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