Revés judicial para Larreta

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La Justicia porteña impide a Larreta con el avance de leyes y el destino de bienes o terrenos de dominio público porque considera que el oficialismo omitió convocar a una audiencia pública establecida en la Constitución porteña.

 

La jueza a cargo del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) N° 9, Andrea Danas, suspendió el tratamiento legislativo de los proyectos de modificación del Código Urbanístico y el Código de Edificación que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura a comienzos de abril.

 

Con una medida precautelar, la magistrada consideró que el oficialismo omitió convocar a la audiencia establecida en la Constitución porteña, para debatir junto con los vecinos las implicaciones de dos textos que prometen, de convertirse en leyes, transformar la fisonomía del distrito y la manera de construir inmuebles.

 

Como esta causa, otras tantas mantienen refrenadas las principales iniciativas del Jefe de GobiernoHoracio Larreta, que en los últimos meses vio cómo el Poder Judicial le introducía trabas a los proyectos de su plan de gobierno.

 

Un revés judicial en la reforma del sistema de parquímetros, grúas y playas de acarreo, que Larreta quiere llevar a 13 de las 15 comunas. En junio, el titular del CAyT N° 23, Francisco Ferrer, frenó la aplicación porque la ley disponía ceder inmuebles públicos a los futuros concesionarios del acarreo y, por lo tanto, la norma debía aprobarse con 40 votos, cuando solo recibió 33 adhesiones. El Ejecutivo ahora busca reformar la ley en ese sensible aspecto.

 

También en junio, la jueza Elena Liberatori (CAyT N°1) suspendió la aplicación de la ley 5966, que autorizaba la instalación de plantas de termovalorización para incineración de residuos, a pedido de la Federación de Cooperativas de Reciclado, y el apoyo de Greenpeace.

 

Otra vez en junio, el juez Roberto Gallardo obligo al Ejecutivo a reconocer a los Metrodelegados como gremio con personería jurídica y convocarlos a discutir una paritaria que Larreta discutió con UTA y sindicatos menores. El fallo también dispuso un polémico “llamado a silencio” de los funcionarios porteños sobre la situación de la entidad a cargo de Roberto Pianelli.

 

La causa de la licitación del subte se halla en Tribunales desde febrero, ya que la ONG Observatorio de la Ciudad pretende que se declare nula la ley 5885 por haber permitido la concesión con mayoría simple (31 votos) en vez de mayoría calificada (40 o más apoyos). De prosperar el pedido, el Gobierno podría ser demandado por las firmas participantes.

 

También el proyecto de la “Secundaria del Futuro” se halla observado por el gremio Ademys en el juzgado de la doctora Alejandra Petrella (CAyT N° 12), ante quien se pide declarar inconstitucional una serie de medidas que dispusieron traspasar a los docentes de idiomas de nivel primario de la órbita de la Dirección de Educación Primaria a la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación (G.O.L.E.), con posible afectación de derechos laborales.

 

La venta de tierras en predios de Boca Juniors, la reprivatización de terrenos de la Costanera Norte por la creación de un “Distrito Joven”, el recálculo a la baja de la pauta institucional para medios de comunicación vecinales, la colocación de rejas en Plaza de Mayo, la rezonificación de terrenos ferroviarios en Colegiales, son algunos de los proyectos que se hallan frenados.

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