El protocolo antitoma tendrá vigencia y los padres responderán con su patrimonio

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Un nuevo fallo de la Justicia dio luz verde y revocó la aplicación del protocolo antitomas en las escuelas. La normativa establece que los rectores deberán identificar a estudiantes que hacen protestas y llamar a los padres, quienes asumirán la responsabilidad patrimonial y civil.

 

La Cámara de Apelaciones revocó la aplicación del protocolo antitomas elaborado por el Ministerio de Educación porteño, que permite la identificación de los estudiantes y traslada la responsabilidad patrimonial y civil a los padres.

 

La Cámara revocó la medida cautelar dictada por la jueza Elena Liberatori por una cuestión de forma y no de fondo, esto quiere decir que no opinó sobre el contenido del protocolo ni sobre si viola o no derechos constitucionales como plantearon los padres y los asesores tutelares, que ahora podrían evaluar un pedido de inconstitucionalidad.

 

En caso de producirse una toma en el marco de una protesta estudiantil el Ministerio podría ordenar la aplicación del protocolo aprobado mediante la resolución 643/18 bajo el nombre “Pautas para la convivencia escolar”.

 

De acuerdo con este documento, las autoridades de las escuelas deben llamar a los padres de los estudiantes que participen de la protesta para pedir que los retiren de los establecimientos. En caso que decidan no hacerlo pasarían a ser los responsables de lo que ocurra durante la toma. El protocolo pide la participación del Consejo de Derechos de los Niños y de la Procuración General para que evalúe si es pertinente iniciar acciones.

 

La Cámara revocó la sentencia de primera instancia, dictada por Liberatori, que había declarado “inaplicaple” el protocolo y suspendido cualquier actuación hasta que la cartera que conduce Soledad Acuña no garantizara la participación de los estudiantes y la comunidad educativa en la elaboración de la norma.

 

Los jueces de cámara Mariana Díaz y Esteban Centenaro fallaron sobre la cuestión de forma del amparo iniciado por el asesor tutelar Gustavo Moreno y un grupo de padres. Sostuvieron que no se acreditó “el cumplimiento de recaudos procesales indispensables para justificar la posibilidad de emitir un pronunciamiento” y, por lo tanto, restituyeron la vigencia del protocolo.

 

“La Cámara no entró en el contenido del protocolo sino que respondió a un planteo formal, dice que hay un vicio de forma en el procedimiento y que por lo tanto hay que hacer un nuevo juicio”, explicó Moreno sobre la sentencia de la que todavía no fue notificado formalmente.

 

Según el asesor tutelar, de quedar firme el fallo el próximo recurso sería solicitar la inconstitucionalidad de la norma. “Lo que más me preocupa es que la aplicación del protocolo va a necesitar la identificación de estudiantes y eso va a terminar generando listas negras en las escuelas”, opinó Moreno.

 

Además de la identificación de los estudiantes que participan de la protesta, el amparo también criticaba la delegación de la responsabilidad patrimonial y civil sobre los padres de los estudiantes y las acciones que podría iniciar la Procuración, que no fueron especificadas

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