La familia Macri pidió apartar a la fiscal que investiga la causa del Correo

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El Grupo Macri pidió apartar a Boquín del expediente del Correo. La empresa de la familia presidencial volvió a la carga contra la fiscal que reveló el escandaloso acuerdo que el Gobierno buscaba cerrar por la deuda del Correo Argentino.

La familia del presidente volvió a la carga para intentar desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso acreedores del Correo Argentino por intentar constatar (a través de una pericia de los libros contables) maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma.

El planteo contra Boquín fue presentado ante la Corte Suprema, cuando se cumple ya un año desde que salió a la luz el plan fallido, que ella denunció y logró frenar, que estaba destinado a lograr que el Estado le condonara al Correo casi la totalidad de una deuda cercana a los 4000 millones de pesos.

La presentación contra la intervención de Boquín ante la Corte fue hecha por el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, y en esencia cuestiona el respaldo que le había dado a la fiscal la Cámara Comercial en una resolución de diciembre, en la que también hacía lugar al planteo para peritar los libros contables de la empresa.

Sin embargo, la jueza de primera instancia en el concurso, Marta Cirulli, no ordenó un peritaje sino un simple informe contable y no hizo lugar a la intervención de un profesional independiente, pedido por Boquín, quien advirtió que dos de las tres sindicaturas que intervienen en el concurso están cuestionadas por su falta de independencia en el proceso e investigadas en una causa penal que tramita en el fuero federal.

La paradoja es que en ese expediente a cargo del juez Ariel Lijo, donde está imputado hasta el presidente Macri por los manejos para salvar a su familia de la deuda millonaria, también es investigada la propia jueza Cirulli.

Mientras la Corte Suprema debe resolver sobre la legitimidad de Boquín para impulsar la investigación sobre maniobras de vaciamiento en medio del proceso concursal, la propia fiscal se presentó ante la Cámara para reclamar que se haga una pericia propiamente dicha con un experto independiente.

El papel de las sindicaturas en un concurso de acreedores es fundamental porque son las que deben controlarlo. Sin embargo, Boquín ya señaló en varias presentaciones que la llamada “sindicatura controlante” tuvo posturas contradictorias sobre, por ejemplo, gastos y retiros de dinero del Correo: por un lado los justificó, y por otro afirmaba que tenía nula o escasa actividad.

La fiscal advierte que en 2016, cuando se concretó el acuerdo para condonar la deuda del correo, esta sindicatura comenzó a acompañar todos los pedidos de la empresa de los Macri. Lo mismo respecto de la sindicatura “general”, que está integrada por abogados (Julio César Rivera y Beltrán F. Louge) que han sido abogados de Socma. La sindicatura “verificante” es la que mantiene un criterio más autónomo y pidió un perito externo.

La primera denuncia de Boquín que se hizo pública en febrero del año pasado, fue la que señaló que el Estado Argentino, a través del funcionario Juan Moccoroa, había aceptado un acuerdo sumamente perjudicial respecto de la deuda del Correo, que lleva 17 años. En ese momento aceptó un plan de pagos que implicaba la condonación de casi el 99 por ciento de la deuda.

La denuncia de Boquín sobre un presunto vaciamiento vino después de que se opuso al acuerdo Correo-Estado de 2016. Fue tal el escándalo, que la jueza Cirulli dejó en ese momento de permitir retiros de dinero que le venía autorizando al Correo, y la empresa lo cuestionó. La fiscal advirtió entonces que se habían hecho cinco retiros de cuentas del concurso por al menos 10 millones de pesos en “beneficio de otras empresas del grupo”.

El año pasado, cuando se conoció el tema el Gobierno hizo una puesta en escena con supuestas nuevas reglas para evitar incompatibilidades, pero el día de la nueva audiencia faltaron sus representantes, pidieron prórroga, y todo sigue en el limbo. La realidad es que al día de hoy, entre recursos judiciales y prórrogas, no se avanzó nada en un nuevo acuerdo para el pago de la deuda.

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