Garavano presenta el nuevo Código Penal

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El ministro de Justicia expondrá la próxima semana ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, aunque no será ley este año. El proyecto ingresó al Senado el pasado 25 de marzo y será puesto en tratamiento por primera vez.

Se espera la concurrencia de numerosos especialistas, juristas, representantes de ONGs y de colegiaturas, para dar su mirada y aportar sus ideas al proyecto que consta de 540 artículos y fue fruto de más de 70 reuniones de la comisión redactora, que recibió aportes de funcionarios, gobernadores, legisladores y representantes de la sociedad civil. 
 
El objetivo es actualizar el actual Código, que rige desde 1921 y que recibió alrededor de 900 modificaciones que fueron haciéndole perder el carácter orgánico y sistemático, según indica el Poder Ejecutivo en los fundamentos.

Entre las principales reformas, el proyecto aumenta las penas por el delito de narcotráfico y tráfico de estupefacientes, y se incorpora una nueva figura penal vinculada a las organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico. Por otra parte, se mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos cometidos con violencia, como homicidio agravado, abuso sexual agravado o secuestro extorsivo. Tampoco podrán acceder a la libertad condicional los responsables de los delitos de corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos de lesa humanidad, entre otros. 
 
El proyecto exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad “que actúen en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria”. En cuanto a la violencia de género, se considera una circunstancia agravante de la pena que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.  

También hay un aumento sustancial de las escalas penales de los delitos de corrupción (en especial, el cohecho pasivo y activo), soborno trasnacional (en cumplimiento con la OCDE) y enriquecimiento ilícito. En este último caso, además de los funcionarios públicos, se incluye también a todos los sujetos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como por ejemplo los titulares de obras sociales. 
 
Con respecto al aborto, se mantienen las causales actuales de aborto no punible con una redacción superadora que recepta el fallo F.A.L. de la Corte Suprema, quedando incluido cualquier embarazo producto de un abuso sexual. También se contempla el aborto no punible cuando sea con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 
 
Cuando la mujer causa su propio aborto o consiente que otro se lo practique, se prevé la posibilidad de que el juez disponga que la pena de prisión (que podrá ser de 1 a 3 años) se deje en suspenso o que la exima de ella, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se llevó a cabo el aborto. 
 
Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones sociales, se incorpora como delito la conducta de quien arroje “cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que ponga en riesgo su integridad física”, con una pena de hasta dos años de prisión y agravantes si el ataque está dirigido a las fuerzas de seguridad. Finalmente, se prevé pena de hasta tres años de prisión para quien “por cualquier medio detenga o entorpezca la marcha de un medio de transporte público o, sin autorización, detenga o entorpezca la marcha de un medio de transporte privado”. 

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