Condena a represores cordobeses en la causa Montiveros

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Casi la mitad de los represores juzgados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Córdoba, resultaron condenados en el marco de la llamada “Causa Montiveros”.

 

El Tribunal Oral Federal 1 impuso penas de entre dos años y prisión perpetua a los involucrados en los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el D2 y en el Comando Radioeléctrico de la policía mediterránea.

 

El debate comenzó el 6 de noviembre pasado, con más de veinte represores –casi todos policías e integrantes del Ejército– acusados de crímenes de lesa humanidad contra 16 víctimas, perpetrados entre marzo y junio de 1976. Cinco de los imputados quedaron fuera del debate por cuestiones de salud.

 

Los jueces del TOF 1 Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y Fabián Asis condenaron a nueve de los diecisiete acusados que llegaron al final del debate. Los policías Fernando Rocha, Pedro Nolasco Bustos, José Acevedo, Antonio Astrada y Ricardo Perrín, responsables de los patrulleros y otros vehículos que participaron de los cinco casos de homicidio analizados durante el debate, fueron condenados a prisión perpetua, en consonancia con lo solicitado por la Fiscalía.

 

La sentencia impuesta por el tribunal para Miguel Ángel Gómez, a quien penó con nueve años de cárcel, también fue coincidente con lo solicitado por el fiscal Maximiliano Hairabedián. En tanto, los policías José Antonio Cuello y Roque Cámara fueron condenados a cuatro años de cárcel –uno más que lo que había exigido el Ministerio Público– y Miguel Ángel Bustamante fue condenado a dos años de prisión con cumplimiento condicional.

 

El resto de los acusados, ocho en total, resultaron absueltos. Tanto los que recibieron penas menores como los absueltos habían sido involucrados durante la instrucción en secuestros y torturas cometidos en el D2.

 

Conocido como “Causa Montiveros”, el expediente analizado en juicio durante los últimos tres meses abarca violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de dieciséis víctimas durante la última dictadura en la provincia de Córdoba. Un primer grupo de hechos concentra privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados que sufrieron once personas en el centro clandestino D2. En uno de los casos, la víctima fue asesinada luego de haber quedado en un estado deplorable y permanece desaparecida.

 

El expediente investigó y elevó a juicio el asesinato de cinco militantes que les fueron atribuidos al Comando Radioeléctrico de la policía cordobesa. Uno de los asesinados, José Osatinsky, tenía 15 años al momento de los hechos. Se trata de la víctima más joven de los crímenes de estas características en Córdoba.

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