La bancada que conduce Pichetto investigará que pasó con el ARA San Juan

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La distribución de las comisiones en el Senado dejó como elemento sorpresa la asignación para el Bloque Justicialista de la presidencia de la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición del submarino ARA San Juan.

La negociación que se llevó a cabo entre los senadores por el reparto de las comisiones confirmaron que la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto será la encargada de designar al presidente de ese cuerpo, que todavía no fue creado.

La decisión de la alianza “Cambiemos” de cederle voluntariamente ese lugar al justicialista sorprendió al propio Pichetto, dado que no lo había reclamado para su bloque, según informaron las fuentes consultadas.

La creación de una Comisión Bicameral que investigue la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida el pasado 15 de noviembre, fue dispuesta por una ley aprobada en diciembre pasado y promulgada por el Poder Ejecutivo en enero.

El cuerpo estará integrado por seis diputados nacionales y seis senadores designados por los presidentes de cada Cámara del Congreso, de acuerdo a la proporcionalidad de fuerzas. La comisión tendrá por objeto “el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación” así como también el desarrollo de “las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate”.

También designará un cuerpo de especialistas integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a Contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional.

Entre sus facultades estará la de solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas.

Podrá también ordenar la citación de funcionarios públicos, tomar declaraciones testimoniales y recibir toda manifestación verbal o escrita que le sea ofrecida sobre los hechos investigados.

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