Investigan a las fuerzas de seguridad por la represión del 14 y 18 de diciembre

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La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) que dirige Andrés Heim y el fiscal general Miguel Angel Palazzani inició una investigacion por la actuación de las fuerzas de seguridad durante el jueves 14 y el lunes 18.

Una fiscalía inició una investigación con pedidos de informes a las tres fuerzas de seguridad que intervinieron en los operativos de las últimas semanas frente al Congreso de la Nación, Policía Federal, Policía de la Ciudad y la Gendarmería Nacional.

Ante la PROCUVIN se presentaron varios organismos de Derechos Humanos que denunciaron abuso policial y detenciones arbitrarias: en el último operativo hubieron 70 detenidos que fueron liberados en una causa ya iniciada por el juez federal Sergio Torres, quien estaba de turno en ese entonces.

Por medio de los ministerios de Seguridad porteño y de la Nación, la PROCUVIN indagó a autoridades de las tres fuerzas federales sobre la organización previa de ambos operativos: busca determinar quiénes estaban al mando, las órdenes de servicio, los sistemas de turnos, el servicio de policía adicional, la nómina con la totalidad de efectivos y el equipamiento asignado.

Piden grabaciones y solicitan que aporten las grabaciones de las modulaciones radiales, la nómina de vehículos que intervinieron, así como también qué tipo de armamento se dispuso para dispersar la protesta, “remitiendo certificados y fecha de vencimiento” pues se había informado que el gas lacrimógeno utilizado por Gendarmería Nacional había caducado.

La PROCUVIN inició la IP (Investigación Preliminar) a partir de los testimonios que recibió y en los próximos días evaluará si realiza una . denuncia* formal “para que un juez designado por sorteo inicie una investigación completa.

La sospecha de abuso policial de la fuerza de seguridad forma parte de una causa ya iniciada en el juzgado de Torres quien recibió la comunicación ese lunes 18, más allá que los 70 detenidos recuperaron su libertad a las pocas horas, pero siguen sujetas a la investigación.

Para avanzar en este sentido, el juez evaluó que gran parte de las detenciones no tenían fundamento alguno y no eran aquellas perdonas que las cámaras de televisión habían registrado en la avanzada que arrojó piedras hacia la fila de efectivos.

El juzgado evalúa la existencia de tres grupos: los manifestantes que fueron a provocar desmanes y que previamente fueron organizados, aquellos que tuvieron una mínima participación pero que no estaban “coordinados” y los que sólo fueron a ejercer su derecho constitucional sin ningún tipo de violencia.

Mientras la investigación por el abuso policial así como por la violencia de los manifestantes sigue su curso, se evalúan los daños producidos en cifras: la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aportó un informe ante el juez Torres en el que indicó que los gastos por los destrozos del 18 ascienden a un total de 23.381.639 pesos y la del jueves 14 unos 14.350.420 pesos.

El organismo que conduce Gabriel Astarloa presentó un pedido para ser tenido como parte querellante ante el juez Torres y en él cita detalladamente los daños, aunque aún falta que sea evaluado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Las roturas y daños ocasionados ese 18 de diciembre implica una limpieza por 5.616.000; reparación de veredas por 6.000.000; recuperación de espacios verdes por 11.477.639 pesos; y limpieza de graffitis por 282.800 pesos.

La estimación de daños es para eventuales demandas civiles. Cabe recordar que el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa informó días atrás que el Gobierno de Larreta también iniciará una demanda civil contra ‘aquellas personas que estén identificadas para resarcir el perjuicio que cometieron y que paguen de su bolsillo los daños que realizaron a la plaza’.

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