Correo Argentino impide a fiscal hacer peritaje contable

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La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció un intento del Gobierno para condonar casi la totalidad de la deuda millonaria del Correo Argentino con el Estado, acusó a la familia Macri de intentar un nuevo atajo judicial para “dejar impune” su situación.

El Correo había planteado que desconocía la legitimidad de la fiscal de Cámara para pedir un peritaje sobre sus libros contables, luego que Boquín advirtiera que la firma había estado retirando fondos, lo que implicaba un “vaciamiento”, en pleno expediente concursal, y había utilizado dinero para distintos tipos de operaciones de las controlantes Socma y Sideco, de la familia Macri, según publicó el diario Página 12.

A través de un escrito presentado en la causa, Boquín advirtió que la jueza Marta Ciruli le entregó la confección del peritaje a las mismas sindicaturas que habían intentado “obstaculizarlo”, que ya favorecieron al Correo en informes anteriores y que están imputadas penalmente, en lugar de entregárselo a un perito oficial.

Primero, Boquín reveló que los representantes estatales habían admitido un acuerdo al que calificó de “ruinoso” y “abusivo”, que condonaba cerca del 99 por ciento de la deuda que el Correo arrastra desde hace 16 años. Si bien el Estado dio marcha atrás, aún no se avino a un nuevo convenio y, en cambio, pidió una prórroga que aún tiene efecto. Luego, la fiscal advirtió que durante 2016 la jueza Ciruli había autorizado a la empresa a hacer retiros de dinero en varias oportunidades.

La magistrada autorizó cinco retiros por 10 millones de pesos, según Boquín, “en beneficio de otras empresas del grupo” y en “perjuicio de las cuentas del concurso”. La fiscalía corroboró que parte del dinero se usó para pagos de oficinas, sueldos y cargas sociales, honorarios y gastos contables ligados a Sideco S.A y Socma.

Unos 2 millones de pesos se habrían pagado a Socma por acciones vinculadas al mercado automotriz, de acuerdo a la denuncia. En ese marco, Boquín pidió una pericia sobre libros contables del Correo ya que, según consideró, hay “irregularidades en cuanto a su composición, poca claridad sobre la necesidad o no de retirar fondos para afrontar gastos operativos, la ausencia de actividad empresarial, el supuesto aporte de los socios de la deudora y actos posiblemente ineficaces”. A su vez, la empresa cuestionó que Boquín tenga facultades para pedir ese estudio.

La fiscal detalló una larga lista de normas que la respaldarían y recordó que es el deber de los fiscales de representar el interés de la sociedad. Pero también cuestionó el modo en que finalmente ordenó la pericia contable la jueza Ciruli, ya que se la encomendó a las sindicaturas que intervienen, “que no resultan imparciales en tanto se encuentran imputadas” en la causa. Además, la fiscal explicó que la sindicatura general se opuso a su pedido y dijo que “asiste razón a la concursada”; la sindicatura verificante se opuso con el argumento que iba a “alterar el proceso del concurso volviendo sobre etapas alcanzadas”.

La fiscal recordó que la sindicatura general está patrocinada por Julio César Rivera y Beltrán Louge que fueron abogados de las empresas del grupo Macri y de Socma S.A en un expediente. “Los síndicos más que cumplir con la función que la ley les encomienda sólo favorecen los lineamientos de la concursada. Resulta inverosímil que un síndico se niegue a realizar medidas de investigación del estado patrimonial de la empresa concursada que su administración debe controlar”, señaló.

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