Un juez dispuso la intervención judicial del hotel de los Kirchner

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El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de la empresa “Hotesur”, de la familia Kirchner, en el marco de una causa judicial donde existen pedidos de indagatoria sobre la senadora Cristina Fernandez por presunto lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado ordenó la intervención de la empresa, dueña del hotel Alto Calafate, en la causa que se sospecha por el alquiler de plazas hoteleras al empresario detenido Lázaro Báez.

La hipótesis investigativa de Ercolini es que el empresario Báez pagó a modo de retornos los alquileres a la familia Kirchner: unos 27 millones de pesos. El gerenciamiento de Hotesur estaba en manos de IDEA S.A, la empresa cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, socio de máximo Kirchner en emprendimientos inmobiliarios,.

El fiscal Pollicita remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas de aquella primera empresa votaron la renuncia de sus directores titulares y no designaron a ninguna persona. Al quedar acéfalo, la IGJ incluso, recordó el juez Ercolini en su fallo, había sugerido la intervención judicial con facultades de administración y coadministración.

“Resulta necesaria la intervención que aquí se decreta, dado que así se puede conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con los negocios desarrollados hasta el momento y subsanar las deficiencias en lo que hace a su administración”, dijo el juez.

Ercolini designó dos interventores judiciales: uno de ellos Raquel Moyano, quien viene ejerciendo misma función sobre los bienes producto del expediente de sucesión por la muerte de Néstor Kirchner de sus hijos Máximo y Florencia; y un contador público designado.

“Deberán presentar informes de rendición de cuentas mensual, arbritrar los medios necesarios para mantener el patrimonio existente, evitar su disminución, deterioro o pérdida, al tiempo que también deberán continuar con las actividades comerciales desarrolladas hasta el momento”, sostuvo Ercolini en su fallo.

El objetivo de la medida, dijo el juez, es “administrar, conservar, ejecutar, y disponer del o de los bienes que resulten instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados a los delitos investigados como así también asegurar el eventual decomiso”.

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