Restringen la prisión domiciliaria al “caballo” Suárez

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El juez federal Sebastián Ramos ordenó restringir las condiciones de detención domiciliaria del sindicalista Omar “Caballo” Suárez, quien no podrá abandonar la vivienda de Olivos sin previa autorización ni ingresar alcohol.

El magistrado, que subroga actualmente a su colega Rodolfo Canicoba Corral, también dispuso que personal de Prefectura Federal deberá vigilarlo de manera permanente y controlar el ingreso y egreso de personas y los movimientos en todos los accesos al domicilio, indicaron fuentes judiciales.

Ramos se pronunció luego que el fiscal federal Gerardo Pollicita apelara ante la Cámara Federal la concesión de la prisión domiciliaria a Suárez, quien está acusado de mal manejo de fondos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y se encontraba detenido en Marcos Paz desde septiembre de 2016.

La Fiscalía pidió que la Cámara Federal revoque el fallo de primera instancia del juez Luis Rodríguez, que subrogaba a Canicoba Corral y el viernes pasado le otorgó la prisión domiciliaria al ex secretario general, que ya cumple en la casa de su hija en Olivos.

La apelación ingresó al Juzgado de Ramos, que subroga esta semana a Canicoba Corral, y las nuevas medidas restrictivas estarán vigentes hasta que la Cámara Federal defina sobre el recurso presentado por la Fiscalía para que Suárez regrese a Marcos Paz.

Pollicita fundamentó su apelación contra la domiciliaria de Suárez, al sostener que el problema de alcoholismo sobre el cual el juez fundó su decisión no está comprobado y que incluso estaba previsto que este mes se le practicaran estudios médicos complementarios al imputado.

Por su parte, el abogado del sindicalista, Carlos Brotman, advirtió que “el tema del alcoholismo es secundario” ya que su defendido en realidad “se estaba muriendo” y “el peligro de su vida era tremendo”.

“(A Suárez) Lo querrán muerto”, deslizó el letrado al ser consultado sobre los motivos de Pollicita para tratar de revertir el beneficio de la domiciliaria para su cliente, y agregó: “Él quiere ir a juicio pero otros quieren que allí se presente una persona muda y tullida”.

Brotman desechó la posibilidad de que su representado vaya a obstruir la investigación al recordar que Suárez “ya no es secretario general, es un jubilado que tiene 67 años”, y planteó que “el médico del Servicio Penitenciario dijo que corría peligro de muerte dentro del penal”.

Además el abogado vinculó la actuación del fiscal con cuestiones políticas al señalar que “está haciendo campaña porque está ternado para ser procurador”, y finalizó: “Suárez estaba en una celda de castigo, los detenidos lo ayudaban a cambiarse, era vergonzoso lo que le pasaba. Quieren pena de muerte”.

El viernes pasado, el juez Rodríguez había avalado la prisión domiciliaria en base a los problemas de salud de Suárez: un ACV (accidente cerebrovascular) isquémico transitorio que sufrió el dirigente sindical “con secuelas neurológicas actuales” y por los cuales tiene “severos factores de riesgo” como “hipertensión arterial y una severa alteración conductual (paranoia), que lo lleva a negarse a recibir el régimen dietético recomendado y muchas veces atención médica porque alega temor a ser envenenado”.

Al otorgar el beneficio, dispuso la colocación de una tobillera electrónica sobre Suárez, cuya vigilancia está a cargo del Programa de Asistencia de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Para el magistrado, se disminuyó el “riesgo procesal” por lo cual estaba detenido Suárez, al “haberse ordenado la realización de una pericia contable encomenadada al cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción. Incluso, Rodríguez dijo que había apreciado de manera directa el deterioro del estado de salud de Suárez.

En cambio, el fiscal sostiene que los problemas de salud que plantea el sindicalista son posibles de ser atendidos en el penal de Marcos Paz donde está detenido, y que las patologías “no son terminales ni revisten gravedad”.

El sindicalista fue detenido por orden de Canicoba Corral, al considerarlo “jefe” de una asociación ilícita que extorsionó a empresas navieras, pero que también malversó fondos del SOMU que dirigió durante varias décadas.

En febrero pasado, el ex jefe del SOMU había perdido parcialmente la visión de un ojo, la audición y movilidad de algunos miembros luego de sufrir un ACV en su celda y seis meses después en una audiencia en el tribunal, en la que se le había rechazado su primera solicitud de domiciliaria, pidió que no lo dejen “morir en prisión”.

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