El gobierno busca recortar el beneficio a menores sin “incapacidad laboral”

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Un documento de la Agencia Nacional de Discapacidad dispone frenar el beneficio para los menores sin “incapacidad laboral”. El organismo ordenó revisar los expedientes de menores que tendrían que cobrar el beneficio. Además, les pondrán mayores condiciones a quienes sufren enfermedades graves como cáncer o HIV.

El Gobierno, que había avanzado en dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad hasta que lo frenó un fallo judicial, vuelve a la carga. En este caso, se conoció un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad que ordena separar los expedientes de menores de edad que tendrían que cobrar pensiones.

El documento interno no lleva firma ni membrete. Simplemente, señala que comienza una “revisión de expedientes en resoluciones”. El texto comenzó a circular el 25 de enero entre los trabajadores de la Agencia. Los instruía a tomar medidas sobre los expedientes en tránsito para otorgar pensiones.

Les ordena que las liquidaciones a los menores deberán separarse y elaborar un listado de todos los menores de edad. Una fuente interna señaló a los periodistas de sitio web que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, lo que implica que aquellos que iniciaron el trámite no recibirán en lo inmediato las pensiones. Según señaló esa fuente, es porque como son niños “no tienen incapacidad laboral”.

En el resto de los casos, sostuvo que se debían volver a revisar los expedientes por parte del equipo médico de la Agencia. Ordena enviar “a la oficina 32” (de la sede en Hipólito Yrigoyen 1447) un total de 20 mil expedientes, que deberán ser revisados por un plantel de cinco médicos. El resultado es previsible: la demora de la entrega de las pensiones.

En el documento se detallan nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra.

En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte. En el documento se indica que se van a revisar estas personas en base al “equipo Sintys”, que es Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Esto implica que van a ver si tienen bienes y los pueden excluir.

La Agencia Nacional de Discapacidad es presidida por Javier Ureta Sáenz Peña y depende de la Secretaría General de la Presidencia. La medida llega once mese después de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara dar de baja las pensiones de 170 personas. La funcionaria anunció que iba a revisar la medida, pero en los hechos muchas personas siguieron sin volver a cobrar las pensiones.

A raíz de eso que la abogada de Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, presentó un amparo y ganó en todas las instancias. Curiosamente, el Gobierno, que había dicho que daba marcha atrás con la medida, apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones. No le fue bien: la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.

El instructivo interno sostiene que pasarán directamente al área de resoluciones aquellas personas que estén bajo curatela (son aquellos con firma de un juez por insania) y aquellos cuyas patologías estén acompañadas del CMO y el CUD. En los hechos, esto pone un freno a que se otorguen 20 mil pensiones, que desde hace un año están esperando para ser otorgadas. El retraso para estas personas podría ser de tres años más.

Las pensiones son parte de los sistemas de seguridad social para proteger a grupos vulnerables. Cualquier intención de achicar algo que ya está regulado, que es quien tiene o no tiene derecho, tiene que pasar un test de razonabilidad. De hecho, el gobierno con esa actitud, viola la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad.

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