Amplio consenso en Senado para reformar al Ministerio Público Fiscal

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Tras un amplio consenso logrado con todo el arco político del Senado, el ministro Garavano expuso los fundamentos del proyecto de ley que busca reformar el Ministerio Público Fiscal y a la cartera de Defensa.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, participó del debate sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, en la Comisión de Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino.

La iniciativa cuenta con el apoyo del presidente de la Nacion, fue presentada con las firmas del presidente provisional del Senado Federico Pinedo, el senador radical Ángel Rozas; el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y el legislador salteño Rodolfo Urtubey.

Durante su exposición en el Salón Illia de la Cámara alta, Garavano explicó que el proyecto lo que hace es “generar mecanismos de controles y contrapesos en la figura del Ministerio Público”.

Y remarcó que “El nuevo rol que tiene que tener el defensor es liderar la persecución penal de un Estado, la política criminal que ayude a combatir el narcotráfico y la corrupción. Son cambios necesarios para poder avanzar hacia el sistema acusatorio”, indicó.

A su vez, resaltó que lo más significativos de la reforma es el límite a la duración del mandato: “Se establece un plazo de cinco años, con prórroga por dos años más”, precisó Garavano, en relación a la norma que actualmente fija hasta los 75 años.

Garavano también aclaró que “el proyecto  de ley de ninguna manera elimina fiscalías”, sino que le da la posibilidad al nuevo procurador de evaluar las que están y establecer prioridades.

La designación del procurador como del defensor se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,  es decir 37 votos.

Sobre el proceso de remoción, Garavano adelantó que por tratarse de un periodo de cinco o siete años y no vitalicio, “requiere mayorías más ágiles, que permitan que rápidamente que se haga la sucesión del funcionario”.

Frente a una iniciativa de remoción, el procurador quedará inmediatamente suspendido en sus funciones y el Senado deberá decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo. Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.

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